Por Nicole Tirado, Paula Gamboa, Tatiana Valenzuela, Yuliana Aborda, Roxanna Barrera y Diana Carolina Ortiz

Nuestra profesor de historia dice que los ciudadanos del siglo XXI ya no se mueven por partidos políticos; ahora los mueve la reflexión de conceptos y narraciones que los constituyen como sujetos políticos, ciudadanos con voz y derecho. En este orden de ideas, hablar de reflexión implica hacer conciencia y esta permite no olvidar que en la historia colombiana el miedo ha habitado el territorio como un ciudadano más. Parte del origen colombiano ha sido la violencia y con esta el miedo; lo sabemos los que reflexionamos y también los que gobiernan. Por eso actualmente vivimos un Paro Nacional con el lema del miedo. La historia que se está entretejiendo de este hecho no es otro que la repetición de la historia colombiana: miedo a la muerte; los desaparecidos cuyas madres lloran su ausencia; cadáveres sin responsable; y discursos que aprueban la violencia por parte de la fuerza pública que defiende el bien público, pero no al público, el cual es su mismo pueblo.

Johan Galtung (1969) expone que hay tres tipos de violencia: la explícita, la cultural y la estructural. Colombia convive de manera constante con las tres violencias. Los asesinatos, las desapariciones, las amenazas y los abusos han sido normalizados en el día a día. Sin embargo, poco hablamos de la cultura que ha propiciado esto. Desde los tiempos coloniales la represión y el sometimiento de las personas vulnerables fue la manera de actuar de los diferentes poderes. Los dueños de la tierra pocas veces vieron con humanidad a las personas que tenían a cargo. Pareciera que el sistema esclavista, por el cual pasó el país por varios siglos, no ha sido superado: la vida humana es descartable si no tienes privilegios. 

Nuestro pueblo oprimido, adolorido y maltratado tiene un miedo que lleva siglos. Se puede decir que en nuestra historia reciente no hemos tenido paz: no ha habido un período que nos haya permitido reflexionar sobre nuestros muertos y nuestras heridas. No nos queda más que pensarnos desde las coyunturas agrestes y buscar una forma de no sentir más temor y buscar la paz.

¿Qué lleva pasando desde el 28 de abril?

Hoy las protestas siguen. Empezaron debido a los atropellos que implicó la reforma tributaria, desde la aprobación del borrador a 4 am en enero del 2020 mientras todos los colombianos dormíamos en relativa tranquilidad tras la noticia de que no se aprobaría; hasta su problemático contenido: ponerle impuestos a los servicios públicos, a la canasta familiar, a los artículos de higiene menstrual, a los aparatos tecnológicos, a los servicios funerarios; poner peajes dentro de la ciudad, etc. Si bien se retiró el primer borrador de la reforma tributaria, aún estamos a la espera del nuevo proyecto que se presentará. Sin embargo, el Paro Nacional sigue vivo porque todavía existen temas urgentes que discutir.

¿Cuales son esos temas urgentes? Hasta hace unos días se protestaba por la Reforma a la Salud 010 y aunque fue retirada recientemente debido a las constantes manifestaciones, no hay claridad si van a proponer un nuevo proyecto. En todo caso, esta reforma proponía terminar de privatizar el acceso a los servicios de salud. Si se hubiera implementado, estas eran algunas de sus consecuencias: las Empresas Promotoras de Salud (EPS) habrían podido alegar que los pacientes “no se cuidaban,” entonces los pacientes estarían obligados a pagar, además de la cuota mensual, el servicio; se acabaría el Hospital Cancerologico el cual atendería únicamente a quien cuente con la capacidad económica de pagarlo, no a quien lo necesite; se daría fin a los programas de vacunación y salud en los Municipios y Departamentos, quedando a criterio y control de las EPS; se acabarían los regímenes especiales de salud, excepto el del presidente y vicepresidente; los hospitales debían hacer un nuevo ajuste financiero y los que no cumplieran con resultados en términos de ganancia tenían que ser liquidados (actualmente más de 1000 hospitales públicos se han cerrado por esta misma razón). Esas medidas, apenas una parte de la reforma, representaban una dificultad enorme para millones de colombianos en el acceso a servicios de salud que son elementales, y que realmente beneficiaban directamente a las EPS, así como a los dueños de los hospitales privados. 

El pueblo colombiano ha ido despertando, y exige al gobierno que responda por sus muertos, heridos, y violados, sin importar su clase, género, o raza.

Fuera del marco de las marchas se está reclamando el incumplimiento a los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (quienes han estado cumpliendo con su desmovilización, pero no han tenido garantías para hacerlo). Frente a esto podemos hablar de una falta de garantías para los ex-combatientes de la guerrilla FARC – EP al desmovilizarse y tratar de reintegrarse a la sociedad. Según Infobae en el año 2020 se denunció el asesinado de 232 ex-combatientes tras la firma del Acuerdo de Paz. No hay garantías suficientes para aquellos que quieren desmovilizarse, y tampoco para reintegrarse a la sociedad. Así se hayan firmado los acuerdos, su cumplimiento es necesario para poder dejar atrás el Conflicto Armado que comenzó en los años 50. 

Más de 5 años después de la firma poco o nada ha avanzado.  

Dentro de las protestas podemos hablar de la brutalidad policial: hasta el 18 de mayo la ONG Temblores denunció 2387 casos de violencia policial que se reparten en: 384 víctimas de violencia física, 43 asesinados, 1139 detenciones arbitrarias, 472 intervenciones violentas, 33 víctimas de agresión ocular, 146 casos de disparo con armas de fuego, 18 víctimas de violencia sexual, y hay que añadir los 980 desaparecidos. 

Además, hemos tenido irregularidades en los protocolos utilizados por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD): uso de gases lacrimógenos vencidos, detenciones arbitrarias en centrales de transporte o coliseos, aterrizaje de helicópteros en colegios durante la noche para repartir municiones, recortes a servicios básicos (luz y gas), e incluso bloqueos de internet para frenar las protestas y la difusión de información por medio de las redes sociales.

Adicional a esto, incluimos los recientes disparos con armas de fuego por parte civiles armados acompañados y protegidos por la policía, en contra de la minga indígena. Este suceso se dio en uno de los barrios más ricos de la ciudad de Cali, y por lo menos dejó a ocho indígenas heridos. Todo esto ha demostrado que los discursos de violencia y odio que muchos de los alcaldes, senadores y gobernantes promueven no solo han generado una brecha enorme entre ricos y pobres, sino que promueven discursos racistas y de odio anti indígena, de tal manera que avalaron y justificaron esta violencia. Los agresores quedaron en impunidad y le exigieron a la minga devolverse a su territorio, un territorio en el que, desde el 2016, fueron asesinados más de 900 líderes sociales por los que, hasta el momento, nadie ha respondido. 

El primer borrador de la Reforma Tributaria fue solo la gota que derramó el vaso. Vaso que se ha llenado poco a poco con los casos de brutalidad policial que al día de hoy están impunes, y que se suman con casos de violencia en los paros de 2019 (incluso desde 2003) donde el ESMAD ha asesinado a estudiantes: todos estos casos quedan en la impunidad. Lucas Villa (2021), Dylan Cruz (2019) y Nicolás Neira (2005) son apenas tres nombres dentro de cientos que han sido asesinados y cegados por la Policía Nacional de Colombia. Sobre los tres casos anteriores, al día de hoy, solo el agente del ESMAD que asesinó a Nicolás Neira obtuvo una sanción, pero 15 años más tarde.

Todos estos motivos han provocado que hoy Colombia siga resistiendo, protestando y reclamando por sus derechos, por todo aquello que le ha sido arrebatado y que por derecho le corresponde. El pueblo colombiano ha ido despertando, y exige al gobierno que responda por sus muertos, heridos y violados, sin importar su clase, género o raza. 

Imagen: Flickr