Por Alexia Rauen

Asistencia en traducción por Laura Schroeder y Martina Guglielmone

Chile es – y ojalá que muy pronto era – uno de los cuatro países (Chile, Nicaragua, República Dominicana, y El Salvador) en la región Latinoamericana que completamente prohíbe el aborto, y uno de seis en el mundo. La penalización por recibir un aborto en Chile puede incluir tiempo en la cárcel de hasta cinco años. También hay una posibilidad de tiempo en la cárcel para cualquier persona que administre un aborto. En Chile, las mujeres podrían sufrir medidas punitivas que solamente sirven para extender su dolor, y los médicos que ofrecen abortos lo hacen arriesgándose a ellos mismos.  

Finalmente, parece que las mujeres de Chile tendrán esperanza que no han tenido desde 1989, cuando la prohibición fue implementada. Tal como está, el 70 por ciento de los chilenos apoyan la legislación. En 2015, como se puede ver en la gráfica debajo, proporcionada por el gobierno Chileno, la Presidenta Bachelet promulgó la legislación que va a permitir los abortos en ciertas instancias.

El 2 de agosto, el congreso nacional aprobó la legislación para despenalizar el aborto en lo que ha llegado a ser conocido como las “tres causales,” las cuales son en instancias de violación, embarazos no viables, y cuando la vida de la madre está en riesgo. La legislación fue aprobada por el senado pero regresó a la cámara baja, donde falló, lo que provocó protestas en la capital de la nación, Santiago. No obstante, con la aprobación del congreso confirmada, la legislación se moverá al Tribunal Constitucional de Chile, donde deberá ser considerada lícita.

Francamente, ningún gobierno debería regular los derechos reproductivos. Además, independientemente de una prohibición nacional, las mujeres van a abortar. Desde el 2001 hasta el 2012 se estima que 400.000 mujeres chilenas fueron a hospitales para recibir tratamiento post-aborto después de recibir abortos clandestinos. En 2015, un médico en Chile llamó a la policía para hacer arrestar a su paciente, únicamente en la creencia de que ella tomó una droga para inducir un aborto. The Guardian reporta que la policía chilena ha elegido como blanco para redadas clínicas en las cuales se cree que se proporcionan abortos.

El acto de criminalizar el aborto sólo incrementa el peligro, y las mujeres deben tener la opción de seleccionar la mejor opción para sí mismas y recibir un tratamiento médico adecuado. El Centro De Derechos Reproductivos observa que 35 países han cambiado sus leyes para expandir el acceso al aborto legal y seguros, lo cual a cambio ha salvado las vidas de las mujeres que hubieran fallecido en el pasado al recibir procedimientos riesgosos. La Organización Mundial de Salud (OMS) encontró que durante los años 2010 hasta 2014, hubieron 22 millones de abortos riesgosos y que los abortos riesgosos componen un 4.7% – 13.2% de muertes de mujeres. Esta tendencia no puede continuar. Chile debe tomar pasos positivos para preparar su sistema de salud y sus médicos para incorporar los procedimientos de abortos en la adopción esta nueva legislación.

La aprobación de esta legislación es un éxito para Michelle Bachelet, quien la promovió durante su presidencia, y quien va a concluir su cargo en el marzo del 2018 . El liderazgo de Bachelet ha sido exitoso en crear progreso substancial para las mujeres chilenas. Ella creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cual tiene cuatro enfoques en la protección de las mujeres: “violencia contra las mujeres, la mujer y el trabajo, buen vivir de la sexualidad y la reproducción, y mujer, ciudadanía y participación.” Bachelet ha admirablemente creado una organización gubernamental dedicada a la mejora de los derechos de las mujeres en Chile, y mientras que espero un aumento del acceso a abortos y derechos en el futuro, su legislación es un movimiento en una buena dirección independientemente de la decisión del corte.

Imágenes proporcionadas por el Gobierno de Chile